Presenta Dip. Humberto Valle posicionamiento relativo a su iniciativa de reforma al Código Penal

* Pide a las diputaciones respaldarla porque es tiempo de dar pasos firmes contra la extorsión y devolverle a la ciudadanía la confianza en sus instituciones

* La iniciativa surge de la solicitud directa de empresarios, comerciantes y emprendedores de diversos sectores productivos

Libertad, Mexicali, B. C., Mayo 14 del 2025.-La actual redacción del Código Penal local, exige querella para iniciar el procedimiento penal por extorsión y que se persiga de oficio, indicó el Diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros en la Máxima Tribuna del Congreso del Estado.

Argumentó que su propuesta no surge de una mera reflexión legislativa, sino de la solicitud directa de empresarios, comerciantes y emprendedores de diversos sectores productivos en la Entidad.

Ellos han manifestado su preocupación ante el incremento sostenido de actos de extorsión que afectan sus operaciones; generan un ambiente de inseguridad y, en muchos casos provocan el cierre de negocios.

Se trata de una práctica sistemática, no aislada, que está afectando el desarrollo económico local y debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Ante este panorama, la falta de herramientas legales eficaces para que la autoridad actúe de manera inmediata, sin depender de una denuncia formal por parte de la víctima, representa una limitación grave en el combate a este delito.

Por ello, el Legislador del PRI pretende con su iniciativa que se modifique el artículo 224 de dicho Código, para que se permita a la autoridad actuar desde el primer momento en que tenga conocimiento del hecho, sin exponer a la víctima.

En razón de lo anterior, exhortó a las diputaciones a respaldar esta iniciativa, por considerar que es tiempo de dar pasos firmes contra la extorsión y devolverle a la ciudadanía la confianza en sus instituciones.

Finalmente, puntualizó que la reforma es coherente con el principio pro persona constitucional, con el derecho a la seguridad y a una justicia efectiva, y con los criterios de la Suprema Corte y organismos internacionales que exigen al Estado actuar con diligencia, cuando la vida o la integridad de las personas está en riesgo.