* La legislación vigente carece de un catálogo de estas medidas y mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes
Libertad,
Mexicali, B. C., Mayo 17 del 2025.-La
diputada Evelyn Sánchez Sánchez, presentó iniciativa de reforma a la Ley de
Protección y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Baja California, para establecer un catálogo de medidas de protección
especial de derechos en atención al principio de interés superior de la
niñez.
En la
exposición de motivos, la legisladora explica que la legislación vigente carece
de una definición precisa y de un catálogo específico de estas medidas, lo cual
genera incertidumbre jurídica y contraviene los principios rectores de
protección integral, lo que significa una afectación directa a los derechos
fundamentales de las y los menores de edad.
En ese
sentido, propone que además de establecer el catálogo específico de las medidas
de protección, se instituyan mecanismos que protejan a las Niñas, Niños y
Adolescentes (NNA) de cualquier acto relacionado con maltrato o violencia por
quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad, tutela, custodia o los tenga
bajo su cuidado.
Por
ello, la diputada Evelyn Sánchez aseguró que es necesario especificar que las
medidas de protección son acciones de precaución personalizadas e
intransferibles, dictadas por un juez para neutralizar la violencia ejercida
hacia la víctima, ya que permiten asegurar su integridad física y psicológica.
Agregó
que los avances en la aplicación efectiva de la ley enfrentan desafíos
significativos, ya que dentro del informe de evaluación del periodo 2019-2021
se indica que las acciones jurídicas, psicológicas y sociales por parte de las
instancias encargadas de proteger y salvaguardar a las NNA en Baja California
son deficientes, debido a la falta de protocolos claros, la capacitación
insuficiente del personal y los recursos limitados, lo que impide una respuesta
adecuada y oportuna ante situaciones de riesgo para este sector de la
población.
Refirió
que para el estado debe ser prioridad otorgar la protección más amplia de sus
derechos, con base en las disposiciones jurídicas nacionales como la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los tratados
internacionales de los que México forma parte y obligan al Estado a establecer
mecanismos de protección efectivos frente a cualquier forma de maltrato,
negligencia o abuso, así como garantizar cuidados alternativos.
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