* La propuesta fue presentada por la diputada Evelyn Sánchez quien subrayó que el derecho a la educación en condiciones de equidad
* En
Baja California hay planteles que al inicio del ciclo escolar entregan listas
que especifican marcas, modelos o establecimientos exclusivos
Libertad,
Mexicali, B. C., Julio 23 del 2025.-El
Congreso del Estado emitió un atento exhorto a las autoridades escolares y de
protección al consumidor para que, en el ámbito de sus facultades, garanticen
la libertad de compra de uniformes escolares, útiles y que no se condicione la
adquisición a marcas, tiendas y proveedores específicos en Baja California.
La
propuesta fue presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, quien subrayó
que el derecho a la educación en condiciones de equidad, dignidad y libertad,
incluye también la posibilidad de que las familias puedan elegir, sin
restricciones ni condicionamientos, dónde adquirir los materiales y servicios
vinculados al proceso educativo, en este sentido, la legislación estatal
establece de forma clara esta garantía.
El
artículo 120 de la Ley de Educación del Estado de Baja California, mandata que:
"La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de
actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio
público referido en esta Ley. Los educandos, las madres y padres de familia o
tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos
con el proveedor de su preferencia…".
A
pesar de la claridad de este mandato legal, persisten prácticas en planteles
educativos públicos que contravienen este principio en Baja California,
particularmente al inicio del ciclo escolar cuando se entregan listas que
especifican marcas, modelos o establecimientos exclusivos, para la compra de
uniformes, calzado escolar y útiles; esta situación genera presión económica
sobre las familias, limita la libertad de elección y obstaculiza la competencia
comercial.
En
este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha reiterado
que este tipo de prácticas constituyen una imposición abusiva y ha recordado
que madres, padres o tutores, tienen total libertad para adquirir estos
artículos en el lugar de su preferencia, según su conveniencia económica y sin
condicionar el acceso al servicio educativo; por lo que también se le exhorta
para fortalecer sus campañas informativas, que se establezcan módulos de
atención durante el periodo de regreso a clases y habilite mecanismos sencillos
para que las familias puedan denunciar estas prácticas abusivas.
“Es
por ello que se vuelve necesario reforzar la vigilancia institucional, difundir
con claridad los derechos de madres y padres de familia, para prevenir
cualquier acción que, aunque disfrazada de recomendación, vulnere los
principios de equidad y legalidad, ya que salvaguardar la economía familiar
debe ser prioridad de todas las autoridades educativas”.
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