* Propone garantizar el suministro gratuito de agua tratada para el riego de áreas verdes, como medida de salud, seguridad y cuidado ambiental
* Busca
restituir la representación ciudadana en organismos del agua y que las multas
se reinviertan en las comunidades donde se generan
Libertad,
Tijuana, B. C., Julio 15 del 2025.-Con el
objetivo de promover una gestión hídrica más eficiente, garantizar espacios
públicos dignos y fortalecer la participación ciudadana en el uso de recursos,
la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, presentó tres
iniciativas de reforma orientadas a mejorar el bienestar y la seguridad de las
y los bajacalifornianos.
La
primera iniciativa plantea reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado para establecer como responsabilidad del Gobierno Estatal —en
coordinación con los municipios y organismos operadores del agua— el suministro
gratuito y suficiente de agua tratada para el riego y mantenimiento de áreas
verdes, parques y jardines comunitarios.
“Las
áreas verdes no son un lujo, son una necesidad para la salud física, mental y
ambiental de nuestras comunidades”, señaló la legisladora. Agregó que, en un
estado con estrés hídrico como Baja California, se debe garantizar su
conservación sin afectar la economía de las familias.
La
segunda propuesta busca reformar la Ley de las Comisiones Estatales de
Servicios Públicos del Estado para restituir la figura de consejeros ciudadanos
en los Consejos de Administración de los organismos operadores del agua.
Esta
representación, una de carácter social y otra empresarial sería designada
mediante convocatorias públicas, y permitiría fortalecer la vigilancia, la
transparencia y la legitimidad de las decisiones. “Eliminar la representación
ciudadana fue un retroceso, por eso hoy proponemos corregirlo para que la
sociedad tenga voz en cómo se gestiona un recurso tan vital como el agua”,
expresó la inicialista.
Por
otra parte, la tercera iniciativa propone adicionar los artículos 91 BIS y 100
BIS a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado, con el
fin de establecer que los ingresos obtenidos por concepto de inspecciones y
multas se destinen exclusivamente a los sistemas de agua potable.
Además,
se priorizaría su aplicación en los polígonos territoriales donde se originaron
dichos ingresos. “Lo justo es que los recursos generados por sanciones se
reinviertan en las comunidades donde se detectaron las irregularidades. Eso
fortalece la justicia territorial y la eficiencia del gasto público”, subrayó
la diputada.
Con
estas propuestas, la diputada Daylín García reafirma su compromiso con una
gestión hídrica sustentable, la recuperación de espacios públicos dignos y la
participación de la ciudadanía en las decisiones que impactan su entorno.
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