* Castigo de tres a ocho años de prisión por colocación de cámaras en la vía pública con fines delictivos
* Cámaras
en domicilios particulares y negocios a salvo de cualquier castigo
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Libertad,
Mexicali, B. C., Agosto 26 del 2025.-Por
unanimidad de los diputados que integran la Comisión de Justicia, se aprobó el
dictamen 10, que contiene una reforma al Código Penal, promovida por la
Gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila Olmeda, para castigar con penas
de tres a ocho años de prisión el llamado halconeo, es decir la colocación y
uso de cámaras de videovigilancia en la vía pública con fines delictivos.
Así
mismo se integró a dicho dictamen el contenido de una iniciativa presentada por
el diputado Jorge Ramos Hernández, por coincidir en la misma visión en materia
de seguridad.
Se
dejó en claro que las cámaras que se instalen en domicilios particulares,
comercios, distintos negocios e industrias se mantendrán sin problema legal
alguno. El objetivo de la reforma es combatir la delincuencia en todas sus
modalidades, se dejan a salvo derechos humanos y garantías individuales.
La
reforma aprobada a nivel de comisión será turnada a votación general de pleno
donde se anticipa tendrá el voto aprobatorio, y tras su promulgación y
publicación en el Periódico Oficial del Estado, pueda entrar en vigor en forma
integral.
Los
diputados de la Comisión de Justicia que votaron a favor de la reforma y que
expresaron su apoyo y destacaron las ideas y propuestas de avanzada de la
inicialista Marina del Pilar en materia de seguridad a favor de los bajacalifornianos,
fueron Norma Angélica Peñaloza Escobedo, Presidenta, Adrián Humberto Valle
Ballesteros, Diego Echavarría Ibarra, Araceli Geraldo Núñez, Juan Manuel Molina
García y Ramón Vázquez Valadez.
Tanto
Molina García, Geraldo Núñez como Ramos Hernández reiteraron que el uso de
cámaras en domicilios particulares y negocios no serán tocadas ni constituyen
un delito.
La
reforma también contempla agravantes que podrían aumentar la pena hasta en una
mitad, como el uso de menores de edad, la participación de servidores públicos
o el empleo de vehículos que simulen ser oficiales. Además, se sancionará la
intervención o alteración de sistemas de videovigilancia pública, así como la
posesión de equipos que interfieran comunicaciones oficiales.
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