* Exhorta al Ejecutivo Federal a crear un Fondo Nacional de Prevención del Delito con enfoque territorial, transparente y participativo
* Llama
a los ayuntamientos de Baja California a etiquetar recursos específicos para
fortalecer la seguridad municipal
Libertad,
Mexicali, B. C., Agosto 22 del 2025.-En
sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Daylín García Ruvalcaba
presentó un exhorto para atender el abandono institucional en materia de
seguridad pública. Señaló que desde la desaparición de los fondos federales
SUBSEMUN y FORTASEG en 2021, los municipios han quedado sin mecanismos directos
para ejecutar estrategias de prevención del delito, dejando a las comunidades
más vulnerables desprotegidas.
La
diputada subrayó que Baja California ocupa el segundo lugar nacional en
homicidios. “Las cifras son alarmantes: más de 900 asesinatos en lo que va del
año, esto no lo merece la gente de nuestro estado, la gente merece salir sin
miedo”, expresó con firmeza.
Reconoció
que el Gobierno Federal implementó recientemente un Fondo para el
Fortalecimiento Institucional de Seguridad Pública, sin embargo, este se
transfiere directamente al Estado y no garantiza la atención de estrategias
municipales de prevención, mucho menos con enfoque territorial y participativo.
“Las
policías municipales son nuestra primera línea de acción son nuestros primeros
respondientes, hoy no cuentan con lo necesario para cumplir su labor, así
difícilmente podrán implementar para patrullaje de proximidad redes
comunitarias recuperación de espacios públicos prevención escolar o atención a
jóvenes en situación de riesgo” reiteró Daylín García.
Por
ello, el exhorto respaldado por la XXV Legislatura está dirigido a la
presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
así como a las dependencias federales correspondientes, a fin de que se diseñe,
cree y asigne un Fondo Nacional de Prevención del Delito para los municipios,
con reglas claras, criterios objetivos basados en la incidencia delictiva y la
marginación social, así como mecanismos de evaluación ciudadana.
Asimismo,
se requiere a los presidentes y presidentas municipales de Baja California a
que etiqueten recursos específicos dentro de sus presupuestos, destinados a
programas de prevención como el patrullaje de proximidad, la recuperación de
espacios públicos, redes vecinales, atención escolar y juvenil, iluminación
segura y campañas comunitarias.
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