* Busca que se actualicen los protocolos escolares ante desastres naturales y contingencias sanitarias sin afectar el derecho a la educación
Libertad,
Mexicali, B. C., Agosto 27 del 2025.-La
diputada Evelyn Sánchez Sánchez, presentó iniciativa de reforma a la Ley de
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y de la Ley de Seguridad Escolar
del Estado, ambas del Estado de Baja California, para incorporar la cultura de
protección civil al sistema educativo y actualizar los protocolos escolares.
La
legisladora argumentó la importancia de que ambos ordenamientos reconozcan
explícitamente la seguridad y la emergencia escolar como componentes esenciales
dentro de la gestión de riesgos; además busca garantizar mecanismos eficaces de
prevención, protección, atención y recuperación para la comunidad escolar.
Experiencias
como la pandemia por COVID-19 y los efectos recurrentes de fenómenos
meteorológicos han demostrado la vulnerabilidad del sector educativo frente a
estas situaciones; la falta de protocolos eficaces, infraestructura adecuada y
programas de prevención en muchas escuelas ha llevado al cierre de planteles
por ciertos periodos, afectando el derecho a la educación.
La
diputada Evelyn Sánchez señaló que, si bien la legislación reconoce la
importancia de la cultura de protección civil, aún no contempla específicamente
la seguridad escolar dentro de su marco normativo ni exige programas de
emergencia diseñados para entornos educativos.
Esta
propuesta busca armonizar la legislación local con la Ley General de Protección
Civil y la Agenda 2030, particularmente con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible relacionado con una educación de calidad y segura.
La
iniciativa busca incorporar expresamente la seguridad y la emergencia escolar;
promover la creación de programas internos de protección civil en las
escuelas; establecer la capacitación
obligatoria para docentes y personal escolar en materia de prevención; integrar
contenidos de protección civil en los planes de estudio de todos los niveles
educativos; garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir
información, orientación y protección ante riesgos naturales y sanitarios; y
vincular jurídicamente a las autoridades educativas con las unidades de
protección civil estatales y municipales.
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