Realizará Gobierno del Estado Foro de Consulta para Armonización Legislativa en Materia de Derechos Humanos

* La convocatoria busca fortalecer el marco normativo con base en los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos

Libertad, Tijuana, B. C., Agosto 07 del 2025.-En seguimiento al Programa Estatal de Derechos Humanos, el Gobierno del Estado de Baja California, encabezado por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, convoca al Foro de Consulta para la Armonización Legislativa en Materia de Derechos Humanos, que se llevará a cabo el próximo martes 19 de agosto en la ciudad de Tijuana.

El objetivo de este foro es fortalecer los marcos normativos locales mediante un ejercicio participativo, plural y especializado, que escuche las voces de la ciudadanía, la academia y la sociedad civil organizada.

Este ejercicio es organizado por la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alfredo Álvarez Cárdenas en coordinación con la Consejería Jurídica del Estado, liderada por el consejero Juan José Pon Méndez y en conjunto con la Estación Noroeste de Investigación y Docencia “Héctor Fix-Fierro” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“El objetivo de este foro es recoger propuestas, escuchar a la sociedad civil, academia y diversas instancias de los tres niveles de gobierno para promover un marco legal que proteja la dignidad humana desde una perspectiva transversal de derechos”, expresó el secretario Alfredo Álvarez Cárdenas.

Por su parte, la subsecretaria de derechos humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez destacó que este ejercicio representa una oportunidad para impulsar reformas legales que reflejen las necesidades reales de los grupos de atención prioritaria y así consolidar una cultura de respeto, igualdad y no discriminación en la entidad.

El foro se llevará a cabo en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia “Héctor Fix-Fierro” de 10:00 a 13:00 horas, y está abierto al público en general con registro previo.

Desde la Secretaría General de Gobierno, se reitera el compromiso de construir un andamiaje legal a la altura de los desafíos actuales en materia de derechos humanos, poniendo al centro la inclusión y la participación ciudadana.