* Se armoniza la ley estatal con el marco federal para garantizar acceso claro y efectivo a la información pública
* Definen
criterios claros para la desclasificación documental
Libertad,
Mexicali, B. C., Agosto 20 del 2025.-En
sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó el Dictamen No. 55 de la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que reúne dos
iniciativas orientadas a reforzar el derecho de acceso a la información
pública. Las propuestas fueron presentadas por los diputados Juan Diego
Echevarría Ibarra y Juan Manuel Molina García, y dictaminadas en un solo
proyecto por compartir una misma visión legislativa.
La
propuesta del diputado Echeverría establece la incorporación del artículo 109
BIS, que precisa los supuestos bajo los cuales los documentos clasificados como
reservados deberán ser desclasificados.
Esta
reforma armoniza los procedimientos locales con los criterios previstos en la
legislación federal, evitando vacíos normativos o interpretaciones
contradictorias que pudieran vulnerar el derecho fundamental de acceso a la información.
Con
ello, se refuerzan los principios de certeza jurídica y máxima publicidad, al
establecerse de manera específica los plazos y condiciones aplicables para la
desclasificación de información previamente reservada.
Por su
parte, el diputado Molina García impulsó la reforma al inciso g) del artículo
83, con el objetivo de establecer como obligación que todas las sentencias
emitidas por el Poder Judicial del Estado sean públicas.
Esta
modificación responde al decreto federal publicado el 13 de agosto de 2020, que
exige la publicación y actualización de versiones públicas de todas las
resoluciones judiciales.
La
reforma contribuye a la coherencia normativa entre disposiciones locales y
generales, promoviendo el escrutinio ciudadano sobre el actuar de los órganos
jurisdiccionales.
En ese
sentido los artículos reformados son el 83 y el 108, además de la adición del
artículo 109 BIS a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Baja California.
Con la aprobación de estas iniciativas, la XXV Legislatura reafirma su compromiso con una gestión pública más abierta, accesible y democrática, consolidando un marco legal que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer, evaluar y participar en los asuntos públicos.
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