* Legisladores aprueban la creación de dos nuevas leyes que sustituyen el marco normativo anterior, a propuesta del Poder Ejecutivo Estatal
Libertad,
Mexicali, B. C., Septiembre 13 del 2025.-Con el
objetivo de garantizar los derechos de transparencia y acceso a la información
pública, así como la protección de datos personales, el Congreso del Estado
aprobó una reforma integral que adecúa el marco jurídico local a los nuevos
lineamientos federales, consolidando un sistema estatal que privilegia la
transparencia activa, la apertura institucional y la participación ciudadana.
La
reforma compete al Dictamen No. 57 de la Comisión de Gobernación, el cual fue
presentado ante el Pleno por conducto del diputado Juan Manuel Molina, en
seguimiento a la iniciativa enviada por la titular del Poder Ejecutivo.
El 29
de agosto de 2025, la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda,
presentó la propuesta en la que consideró la abrogación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado.
Como
parte del mismo proyecto, la inicialista también propuso la expedición de dos
nuevos ordenamientos: la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Apertura Institucional y la Ley de Protección de Datos Personales para el
Sector Público, ambas aplicables al Estado de Baja California.
La
reforma se fundamenta en principios de simplificación orgánica, optimización de
recursos públicos y fortalecimiento institucional. Se asignan nuevas
responsabilidades a órganos internos de control y órganos desconcentrados, con
el propósito de asegurar la independencia funcional, la rendición de cuentas y
la participación ciudadana en el ejercicio del derecho a la información.
Las
nuevas leyes incorporan criterios jurisprudenciales emitidos por el extinto
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), estándares de lenguaje incluyente y accesible,
principios de gobierno abierto y transparencia con enfoque social.
Además,
se introduce un apartado específico sobre apertura institucional como modelo de
colaboración entre sociedad y Estado, y se establecen nuevas obligaciones en
materia de Gobierno Abierto, fomentando la reutilización de la información
pública conforme a metodologías del Sistema Nacional.
En
este sentido, las nuevas autoridades garantes en el ámbito local estarán
conformadas por: Transparencia para el Pueblo, propuesto como órgano
desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; la Contraloría
Interna del Poder Legislativo; el Órgano de Control y Disciplina del Poder
Judicial; y los órganos internos de control de los órganos constitucionales
autónomos.
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