* La proposición busca corregir disposiciones que asignan al personal docente funciones de autoridades como policía, fiscal o paramédico
* “Primero
la vida, después el trámite”: advierte el legislador sobre instrucciones que
retrasan activar del 911 en situaciones de riesgo
Libertad,
Mexicali, B. C., Septiembre 02 del 2025.-Con el
objetivo de garantizar la integridad de las y los estudiantes, así como
respetar los derechos y atribuciones del personal docente, el diputado Diego
Echevarría Ibarra presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un exhorto
dirigido a diversas autoridades estatales para revisar y validar el Protocolo de
Seguridad Escolar y la Guía Rápida de Actuación en Situaciones de Riesgo en el
Entorno Escolar.
Desde
la tribuna, el legislador de Acción Nacional señaló que el protocolo emitido
por el Ejecutivo estatal lejos de otorgar certidumbre encendió focos rojos entre
el magisterio, al trasladarles facultades y obligaciones que corresponden a
otras instancias. “Esta Soberanía no puede pedirle al maestro que haga las
veces de un paramédico, policía, fiscal o psicólogo, y al mismo tiempo buscar
los motivos para sancionarlo”, advirtió.
Diego
Echevarría expuso tres ejemplos que explican el rechazo del magisterio al
protocolo: la orden de inmovilizar al agresor frente a un tirador activo antes
de llamar al 911; la instrucción de inspeccionar el área ante fugas de gas o químicos
antes de reportar a emergencias; y la amenaza de sanciones administrativas y
penales por no activar el protocolo con la oportunidad e inmediatez que la
propia autoridad interpretara.
También
criticó que, aunque el protocolo fue renombrado como “Guía Rápida”, no se
corrigió el fondo. “La Guía sigue dejando ventanas de demora en la activación
del 911… lo razonable es que, ante signos objetivos de peligro, cualquiera del
personal pueda activar 911 de inmediato, sin pedir permiso ni esperar escalas jerárquicas”,
señaló.
Asimismo,
cuestionó que se insista en llenar formatos durante una emergencia: “Nadie
discute la importancia de documentar; lo que se cuestiona es el momento:
primero la vida, después el trámite”.
El
exhorto aprobado por unanimidad del Pleno del Congreso fue dirigido a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Secretaría de
Salud, Comisión Estatal de Derechos Humanos, DIF Baja California y la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que en el
ámbito de sus competencias emitan recomendaciones y validen formalmente el
documento.
De
forma particular, se suscribieron al exhorto las diputadas Montserrat Murillo,
Alejandrina Corral, Mayola Gaona y el diputado Juan Manuel Molina.
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