Aprueba Congreso inhabilitación de hasta cinco años para abogados que cometan fraude procesal

* La reforma penal busca frenar el fraude procesal y proteger el patrimonio de familias bajacalifornianas

* Diputados Diego Echevarría y Ramón Vázquez los inicialistas

Libertad, Mexicali, B. C., Octubre 25 del 2025.-La XXV Legislatura aprobó una modificación al artículo 325 del Código Penal de Baja California, derivada de iniciativas presentadas por los diputados Diego Echevarría Ibarra y Ramón Vázquez Valadez, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el combate al fraude procesal, con el propósito de proteger el patrimonio de los bajacalifornianos ante maniobras jurídicas fraudulentas que buscan despojarlos de sus bienes.

Como parte de la reformar, se contempla una sanción adicional que aplica cuando la persona responsable del delito es abogado, patrono o litigante. En estos casos, se impondrá la suspensión e inhabilitación para ejercer la profesión por un periodo de hasta cinco años, además de una pena de prisión que puede oscilar entre uno y seis años.

“El fraude procesal se configura cuando se simulan actos jurídicos o se alteran pruebas para engañar a la autoridad y obtener un beneficio indebido esta conducta representa una amenaza directa al principio de legalidad y al acceso legítimo a la justicia”, señaló Diego Echevarría al presentar su iniciativa.

Agregó que la reforma busca fortalecer el Estado de derecho y combatir la simulación en juicios, incorporando entre otras medidas la posibilidad de imponer suspensión e inhabilitación profesional de hasta cinco años a quienes resulten responsables de esta conducta.

Por su parte, el diputado Ramón Vázquez destacó que el derecho procesal en México ha evolucionado como una herramienta fundamental para garantizar la justicia efectiva y proteger la integridad del proceso judicial. Recordó que desde la incorporación del artículo 249 Bis al Código Penal Federal en 1993, se reconoció la gravedad de las maniobras fraudulentas como una amenaza directa al orden jurídico.

“En una justicia penal acusatoria y con una ciudadanía más exigente en legalidad, el combate al fraude procesal es una prioridad legislativa. Este delito afecta la equidad del proceso y la confianza pública, por lo que se requieren normas claras para sancionar con firmeza las conductas que vulneran la buena fe procesal”, indicó.

Asimismo, los promoventes subrayaron que el propósito de fondo de esta reforma es fortalecer el cuidado y protección de la propiedad de los bajacalifornianos, ante casos en los que grupos de “profesionales del derecho” se involucran en maniobras fraudulentas para despojar a ciudadanos de sus bienes.