* Presentó iniciativa de reforma al Código Penal para el estado de Baja California
* Busca
avanzar hacia la armonización del marco penal con la perspectiva de derechos
humanos de la infancia y adolescencia
Libertad,
Mexicali, B. C., Noviembre 05 del 2025.-La
diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó iniciativa de reforma al Código
Penal para el estado de Baja California, para modificar el término de “menor”
por el de niñas, niños y adolescentes con lo que busca fortalecer la
perspectiva de protección integral y derechos de la infancia y adolescencia.
En la
exposición de motivos, la legisladora enfatizó que el Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Infancia y Adolescencia, elaborado por la Dirección General de
Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un
instrumento jurídico que ordena los estándares nacionales e internacionales
para garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes (NNA) en
condiciones de dignidad, protección y respeto al principio del interés superior
de la niñez, además de reducir los riesgos de revictimización.
Este
fundamento normativo se encuentra en diversos instrumentos, entre ellos la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y los tratados internacionales
ratificados por México. En virtud de ello, las autoridades locales están
obligadas a armonizar sus marcos normativos y sus prácticas institucionales
para cumplir con los compromisos en materia de derechos humanos de la infancia
y adolescencia.
En el
ámbito jurídico, el uso del término “menor” como sustantivo refleja una
concepción limitada de la autonomía de las personas en la infancia y
adolescencia, lo que obstaculiza el pleno reconocimiento de sus derechos. Esta
visión, además de reproducir prácticas sociales y jurídicas excluyentes, puede
traducirse en la vulneración de sus derechos humanos.
En ese
sentido, la inicialista indicó que la falta de reconocimiento ha tenido como
consecuencia estructuras normativas e institucionales que continúan
reproduciendo visiones adultocéntricas y tuteladoras, las cuales dificultan el
ejercicio efectivo de los derechos de este grupo poblacional.
La
legisladora señaló que esta reforma representa un avance hacia la armonización
del marco penal con la perspectiva de derechos humanos de la infancia y
adolescencia, contribuyendo a una cultura jurídica que reconozca a las niñas,
niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y no como personas
subordinadas o incapaces.
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