* La iniciativa del diputado Diego Arregui propone eliminar requisitos como el dictamen pericial, que hoy limita el acceso a la reparación
* Se
busca un procedimiento ágil, uniforme y justo para que los municipios respondan
por daños causados a los ciudadanos
Libertad,
Mexicali, B. C., Noviembre 04 del 2025.-Para
agilizar y facilitar los procedimientos a favor de los ciudadanos que reclamen
una indemnización por daños que les hayan sido causados por una mala actuación
o decisión de entidades públicas del Estado y municipios, el diputado Diego
Alejandro Lara Arregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley de
Responsabilidad del Estado.
Diego
Lara explicó que la responsabilidad patrimonial del Estado constituye un
principio esencial del Estado de Derecho, al reconocer que toda persona tiene
derecho a ser indemnizada por los daños que le sean causados por la actividad
administrativa irregular de las autoridades.
En
Baja California, el procedimiento para reconocer la responsabilidad del Estado
se ha vuelto excesivamente formalista y poco accesible, especialmente por el
requisito de presentar un dictamen pericial, lo cual representa un obstáculo
costoso que limita el ejercicio efectivo del derecho a la reparación.
El
legislador mencionó el caso particular de los baches, que constituyen un
ejemplo cotidiano y tangible de los daños que enfrentan los ciudadanos. En
ciudades como Tijuana, Mexicali, Ensenada o Tecate, muchos autos sufren daños
mecánicos como neumáticos reventados, suspensiones averiadas, al transitar sobre
calles en mal estado, producto de la falta de mantenimiento vial oportuno.
“Esa
situación reduce la confianza ciudadana, porque el municipio genera el riesgo
del daño, pero no asume responsabilidad eficaz. Reconocer ese problema
fortalece la exigencia de una reforma que elimine barreras al acceso de
reparación”.
La
propuesta busca consolidar un procedimiento más humano, ágil y eficiente. El
dictamen pericial se eliminaría como requisito de procedibilidad, conservándose
únicamente como medio probatorio facultativo. Asimismo, se establecen plazos
máximos para resolver las reclamaciones, se simplifican los requisitos de
admisión y se unifica el procedimiento en todos los municipios.
“La
reforma busca consolidar un sistema de responsabilidad patrimonial más justo,
en el que la carga probatoria no recaiga en el ciudadano y cada daño encuentre
respuesta jurídica plena”, concluyó el congresista.
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