* La legisladora busca que lesiones y homicidios contra personas con discapacidad sean considerados delitos calificados
* La
reforma considera también el uso intencional de vehículos de motor como
agravante de premeditación
Libertad,
Mexicali, B. C., Julio 02 del 2025.-Con el
objetivo de fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad
y ofrecerles mayor protección frente a delitos graves, la diputada integrante
del Grupo Parlamentario de Morena, Michelle Tejeda, presentó una iniciativa
para que las lesiones y el homicidio se consideren delitos calificados cuando
se cometan en contra de personas con cualquier tipo y grado de discapacidad.
La
congresista señaló que persisten altos índices de discriminación hacia este
sector, acompañados frecuentemente de violencia física o psicológica, tanto en
el entorno familiar como social. “Lamentablemente, las personas con
discapacidad sufren violencia no solo por parte de familiares, sino también de
gente cercana a su entorno social y de desconocidos”, apuntó.
Refirió
que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan una mayor probabilidad de
ser víctimas de violencia física, sexual, psicológica y económica, debido a
estigmas asociados tanto al género como a la discapacidad.
Actualmente,
el Código Penal del Estado contempla sanciones agravadas cuando ciertos delitos
se cometen contra personas con discapacidad —como el feminicidio, la
discriminación o el hostigamiento sexual—, pero no así en el caso de lesiones y
homicidios, explicó.
En
este sentido, Michelle Tejeda propone reformar el artículo 147 del Código Penal
para Baja California, con el fin de establecer expresamente que los delitos de
lesiones y homicidio se califiquen cuando sean perpetrados con premeditación,
ventaja, alevosía, traición u odio en contra de personas con discapacidad.
Además,
plantea incorporar como supuesto de premeditación el hecho de que dichos
delitos se cometan por medio de atropello, colisión o vuelco intencional con
vehículo de motor.
“La
presente iniciativa busca reflejar la realidad de un colectivo social altamente
vulnerable y garantizar que cualquier conducta antijurídica sea sancionada con
el mayor rigor de la ley”, concluyó la diputada, presidenta de la Comisión de
Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y
Adultos Mayores.
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