* Exhortan al Poder Judicial del estado para que a la brevedad se incorpore al sistema de datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
* Esta
omisión afecta directamente a la niñez, adolescencia y a las madres jefas de
familia, ya que impide aplicar sanciones: diputada Michel Sánchez
Libertad,
Mexicali, B. C., Julio 05 del 2025.-El
Congreso del Estado exhortó al Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y
del Consejo de la Judicatura, para que a la brevedad se incorpore al sistema de
datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el fin de
garantizar el principio de interés superior de la niñez, así como hacer
aplicables las reformas denominadas Ley Sabina en el Estado.
La
propuesta fue presentada por la diputada morenista Michel Sánchez Allende,
quien al hacer uso de la tribuna subrayó la importancia de hacer efectivo este
derecho y recordó que el 8 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) un Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creando el Registro
Nacional de Obligaciones Alimentarias, a cargo del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En ese
sentido, la diputada Michel Sánchez advirtió que la falta de implementación del
Registro Nacional revictimiza a quienes ya enfrentan abandono económico y
emocional por parte del progenitor que incumple con su deber, además de dejar
sin herramientas efectivas a las autoridades locales para aplicar la ley.
“Esta
omisión afecta directamente a la niñez, adolescencia y a las madres jefas de
familia, ya que impide aplicar las sanciones previstas tanto a nivel federal
como estatal para inhibir el incumplimiento de obligaciones alimentarias”,
enfatizó.
En el
caso de Baja California, se reformó el Código Civil en el marco de la “Ley
Sabina”, la cual fue publicada el 5 de abril de 2024 en el Periódico Oficial
del Estado. Cabe destacar que un año antes, también fueron aprobadas dos
reformas Constitucionales que prohíben a las personas deudoras alimentarias
acceder a ser titulares de los tres Poderes del Estado, los Ayuntamientos y
organismos autónomos, así como acceder al servicio público si la persona se
encuentra en la misma situación de deudor.
Hasta
el momento son 26 los Estado que ya se encuentran proporcionada información al
DIF Nacional para el funcionamiento del registro, por lo que indicó que “el
cumplimiento de los derechos de la niñez no puede seguir posponiéndose en Baja
California por razones administrativas”.
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