* El robo de autopartes es un delito en crecimiento que afecta la seguridad y economía de las familias: Dip. Diego Echevarría
* La
Iniciativa busca actualizar la ley, reforzando las penas y las herramientas
legales
Libertad,
Mexicali, B. C., Enero 13 del 2025.-El
diputado Diego Echeverría Ibarra presentó una iniciativa para tipificar en el
Código Penal el robo de autopartes de manera independiente, desvinculándolo del
robo de vehículos completos, proponiendo una pena de prisión de uno a cinco
años, ya sea para quien cometa la conducta o para quien realice actividades
relacionadas con la posesión, comercio o distribución de una o más partes de
vehículos de motor.
Actualmente,
el robo de autopartes no se considera un delito autónomo y solo se sanciona
cuando el vehículo completo ha sido robado. Esto limita las penas, ya que solo
se castiga el desmantelamiento o venta de partes si el automóvil fue robado en
su totalidad, con penas de seis meses a tres años de prisión según el valor del
bien sustraído.
Diego
Echevarría enfatizó que el robo de autopartes se ha convertido en uno de los
delitos patrimoniales más frecuentes en Baja California, debido a la facilidad
con la que los delincuentes lo cometen, ya que con una simple pueden remover una
pieza de un vehículo de motor en lugares públicos, lo que lo convierte en un
delito de fácil perpetración y difícil detección.
“Este
tipo de robo afecta a miles de ciudadanos, quienes al dejar sus vehículos
estacionados en la vía pública se enfrentan a la desagradable sorpresa de
encontrar partes importantes de sus autos sustraídas, como baterías,
catalizadores, computadoras, rines, espejos y otros componentes. Esta conducta
ha dejado a muchas personas sin sus bienes más preciados, afectando no solo su
patrimonio, sino también su tranquilidad y seguridad”, subrayó.
La
intención de la reforma es fortalecer la prevención, investigación y sanción
del robo de autopartes, eliminando la impunidad y protegiendo eficazmente los
bienes de los ciudadanos, garantizar una justicia pronta, transparente y
respetuosa de los derechos humanos, dentro de un sistema penal que responda a
las necesidades de la sociedad actual.
“Esta
medida, además de contribuir a la seguridad, busca proteger el patrimonio de
los ciudadanos, proporcionando una herramienta jurídica más para combatir el
crimen en Baja California”, expuso el legislador.
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