* En su iniciativa plantea prisión de seis meses a seis años a elementos que finjan incapacidades médicas
* Las
falsas enfermedades afectan la seguridad ciudadana y agravan el déficit de
agentes
Libertad,
Mexicali, B. C., Junio 03 del 2025.-El
diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Protección Civil del Congreso del Estado, presentó una iniciativa
de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar penalmente a los
miembros de instituciones policiales que simulen enfermedades con el fin de
eludir sus responsabilidades laborales.
La seguridad
pública en los tres niveles de gobierno ha sido el servicio público más
criticado por la sociedad bajacaliforniana, en los últimos años no se han
obtenido los resultados deseados y cada vez se ha vuelto más una exigencia
justificada de los ciudadanos de nuestro estado.
El
legislador destacó que la simulación de incapacidades físicas o mentales
representa una forma grave de corrupción administrativa, con efectos
especialmente nocivos en el ámbito de la seguridad pública.
“Creemos
que estas incapacidades médicas que surgen de una enfermedad simulada deben de
ser tratadas de una manera distinta, ya que el hecho de que un agente de
seguridad pública simule estar enfermo para no presentarse a su trabajo tiene
un gran impacto negativo en el servicio de seguridad ciudadana”, señaló.
La
iniciativa propone adicionar los artículos 221 Bis y 273 Ter al Código Penal
del Estado, con el objetivo de establecer penas de seis meses a seis años de
prisión y hasta doscientos días multa para aquellos elementos que dolosamente
finjan una enfermedad para evitar prestar el servicio de seguridad que les ha
sido asignado.
También
considera una sanción para el personal médico que, de manera deliberada, emita
una incapacidad médica sin causa justificada, contribuyendo a esta simulación.
Jorge
Ramos indicó que durante 2024 el gobierno municipal de Tijuana reportó más de
300 elementos incapacitados, algunos de los cuales presuntamente utilizan este
recurso para actividades ajenas —e incluso contrarias— a la seguridad
ciudadana, lo cual debilita la capacidad de reacción ante hechos delictivos.
“Si a
la baja tasa de policías por cada mil habitantes que ya tiene nuestro estado,
se le suma el probable uso indebido de incapacidades médicas, resulta urgente
detener esta práctica y sancionar a quien abuse del sistema”, concluyó Ramos
Hernández.
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