* A la fecha, ninguno de los siete municipios de Baja California ha cumplido con este mandato
* La
falta de reglamentación se ha transformado en una amenaza concreta, advirtió el
legislador
Libertad,
Mexicali, B. C., Junio 05 del 2025.-Con el
objetivo de garantizar seguridad jurídica y operatividad en los
fraccionamientos de acceso controlado, el Congreso del Estado aprobó un
exhorto, a propuesta del diputado Juan Manuel Molina García, para solicitar a
los siete Ayuntamientos del Estado que, en el ámbito de sus respectivas competencias,
propongan, discutan, aprueben y publiquen la reglamentación municipal
correspondiente a la Ley de Desarrollo Urbano.
Molina
García explicó que, desde la aprobación del decreto correspondiente en febrero
de 2023, los municipios contaban con un plazo de 45 días hábiles para emitir su
reglamento, y los fraccionamientos existentes tendrían 180 días para cumplir
una vez publicadas dichas normas.
Sin
embargo, ninguno de los siete municipios ha cumplido, lo cual prolonga la
incertidumbre legal, impide la regulación de nuevos desarrollos y paraliza el
plazo de cumplimiento para los fraccionamientos ya establecidos.
“Esta
omisión genera un riesgo significativo para la seguridad y la certeza jurídica,
pues se carece de directrices claras para el funcionamiento de las casetas de
vigilancia y de protocolos de coordinación entre seguridad privada y
autoridades”, puntualizó el legislador de Morena.
Como
ejemplo, citó lo ocurrido el pasado 31 de mayo en el Fraccionamiento Toledo II
de Mexicali, donde un grupo de escoltas armados intentó acceder al lugar,
generando una disputa que escaló hasta requerir la intervención policial,
aunque contaban con permisos legales para portar armas, el personal de
vigilancia les negó el acceso.
El
exhorto también reconoce la necesidad de que los gobiernos municipales
establezcan mesas de trabajo o vías de socialización, como mecanismos de
diálogo con la ciudadanía, a fin de lograr reglamentos sólidos y viables. El
caso de Mexicali, donde la publicación del reglamento fue frenada por la
oposición vecinal, evidencia la urgencia de estos procesos participativos.
Juan
Manuel Molina enfatizó que la reglamentación pendiente no solo cumplirá con un
mandato legal, sino que generará beneficios tangibles como mayor seguridad
pública, certeza jurídica y mejor aprovechamiento de los recursos de seguridad,
tanto públicos como privados.
“El
éxito de esta política pública depende de la coordinación efectiva entre el
Estado, los municipios y la ciudadanía. Solo así lograremos una mejor calidad
de vida para todos los residentes de Baja California”, concluyó.
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